Por Free West Media
El 28 de julio de 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears accedió a un requerimiento de la Asociación Liberum y ordenó al Ministerio de Sanidad español y a la agencia farmacéutica AEMPS la divulgación de los contratos de vacunas con las farmacéuticas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen.
La Asociación Liberum , una asociación nacional de derechos humanos, había solicitado esta prueba como parte de su demanda contra el pasaporte Covid, pero tanto el Ministerio de Salud como la agencia de drogas se han negado a cumplir con esta orden judicial en el plazo fijado. Así lo anunció la Asociación Liberum el 6 de septiembre .
La justificación del gobierno para los contratos fue confidencial porque fueron elaborados por un comité de coordinación y formaban parte de los «acuerdos precontractuales celebrados por la Comisión Europea» con las compañías farmacéuticas. Además, la publicación de los datos podría dañar el mercado de las vacunas.
En una entrevista, el portavoz de Ascociación Liberum , Luis María Pardo, dijo: “¿Te imaginas a la Guardia Civil entrando en el Ministerio de Sanidad para incautar estos documentos?”.
Porque eso es exactamente lo que tiene que suceder ahora, dijo, ya que la decisión de la Corte Suprema es legalmente vinculante. A esto se suma el hecho de que el gobierno no había apelado contra esta orden. El Ministerio de Sanidad y la AEMPS están obligados a entregar los documentos originales al poder judicial.
No hubo discusión sobre esto, enfatizó Pardo. Por eso su organización ha vuelto a exigir al Tribunal Supremo de Illes Balears que ejecute la sentencia. El letrado espera que esta petición sea concedida a la mayor brevedad.
Además, Pardo señaló que los responsables en el Ministerio de Sanidad y la Agencia del Medicamento podrían ser procesados “por desacato a la decisión judicial”. En ese caso, sí que habría que desplegar las fuerzas de seguridad del Estado, y la Guardia Civil tendría que asaltar el Ministerio de Sanidad para incautarse de los documentos.